La detención de Rocío San Miguel, reconocida defensora de derechos humanos, constituye un punto de inflexión en el marco de la represión en Venezuela.
Pasa a ser Rocío, lamentablemente, el primer caso de detención de una figura prominente de la sociedad civil venezolana, cuando justamente la comunidad internacional demanda que cese la persecución política dentro del país
Conocí a Rocío San Miguel cuando ella aún no se asumía ni se presentaba como defensora de derechos humanos. Hace 20 años. Se asumía entonces como abogada y acudió al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, donde yo entonces ejercía como investigador. San Miguel junto con otras mujeres vino a pedir asesoría para demandar al Estado venezolano. Eran víctimas de la llamada “Lista Tascón”.
San Miguel, de profesión abogada como hemos dicho, sostuvo un largo litigio en contra del Estado venezolano ante el sistema interamericano de derechos humanos. Ella junto a otras dos empleadas públicas demandaron tras ser despedidas de forma arbitraria, luego de haber firmado en marzo de 2004 la convocatoria a referendo revocatorio del mandato presidencial del entonces presidente, Hugo Chávez Frías. Aquel fue el tiempo en que conocí a Rocío.
En 2018, catorce años después de que tuvieron lugar los hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos finalmente declaró a Venezuela responsable por la violación de los derechos a la participación política y la libertad de expresión de las tres mujeres involucradas en este caso, que pasó a ser conocido como caso Rocío San Miguel y otras. Como en otras decisiones de la Corte Interamericana, el chavismo hizo caso omiso de este procedimiento.
Durante los largos años de aquel proceso ante el sistema interamericano, en un par de ocasiones actué como mensajero de Rocío San Miguel, llevando documentos a Washington, a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprovechando algún viaje mío a la capital de Estados Unidos. También le traje legajos en otras ocasiones para ella y para el dilecto maestro Héctor Faundez.
En el ínterin de aquel proceso, mientras avanzaba de forma dilatada todo este procedimiento, San Miguel vivió una nítida metamorfosis, ya no era la abogada que acudía como víctima, sino que se fue transformando en defensora de derechos humanos. Rocío fundó la organización no gubernamental Control Ciudadano, dedicada a la auditoría civil sobre el estamento militar. Desde hace varios años, ella es una de las voces independientes más autorizadas para analizar lo que ocurre dentro de las fuerzas armadas en Venezuela.
En un par de oportunidades viajé con Rocío y otros defensores de derechos humanos a visitas de trabajo en distintos lugares. Recuerdo con claridad el interés que entre organizaciones y activistas de otros países despertaba el conocimiento detallado, junto con el hablar pausado, casi que didáctico, de esta mujer de 57 años cuando hacía sus exposiciones.
Hace ya varios años que no la veía en persona, sólo hablamos en varias oportunidades para el programa de radio que hemos venido haciendo para la red nacional de Fe y Alegría. Siempre muy serena y reflexiva. No le escuché una voz altisonante.
Hace una década, el propio Nicolás Maduro señaló públicamente a la abogada de ser parte de una conspiración. En diversos momentos ella ha recibido medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de entidades como Frontline Defenders. Hasta su vida privada y amorosa se expuso en programas de Venezolana de Televisión, en esos intentos del aparato de propaganda por hacer callar a las voces críticas. Nada de aquello la doblegó.
El 9 de febrero fue detenida en Maiquetía. Ya le tocará a la justicia internacional determinar si entre los delitos que ha cometido el Estado, en su caso se suma el de la desaparición forzada. Sí asumo, que todo ese largo listado de “pruebas” de una fiscalía adlátere del Gobierno, constituye parte de una trama para condenarle de antemano.
Me pregunto, ¿por qué Rocío? Y mis impresiones apuntan a que su detención pasará a ser recordada como un punto de inflexión en la larga noche de represión y violaciones a los derechos humanos en Venezuela. De entrada, detener de forma arbitraria a San Miguel, una figura muy reconocida nacional e internacionalmente, es una manera nada sutil de enviarle un mensaje al resto de organizaciones y defensores de derechos humanos. Nadie es intocable.
Pero, además, en lo que proyecta a futuro, y lo que viene junto a la detención de San Miguel (como la decisión de expulsar a los funcionarios del alto comisionado de derechos humanos de la ONU), todas las señales apuntan a que se abrió otra etapa en el país. Y eso no es una buena noticia.
Por: Andrés Cañizález
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